Bachelet no cumplió su compromiso: Punta Peuco seguirá albergando la impunidad
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Bachelet no cumplió su compromiso: Punta Peuco seguirá albergando la impunidad

06 marzo 2018

Por Juan Contreras Jara / resumen.cl

A poco menos de una semana de que Michelle Bachelet deje la Presidencia de la República y le entregue el mandato, por segunda vez consecutiva a Sebastián Piñera, varias son las promesas y acuerdos que nunca se cumplieron a lo largo del gobierno de la Nueva Mayoría. Sin duda, una de las materias más ignoradas fueron los derechos humanos y la justicia, para con los miles de familiares de las y los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico militar chilena. Clara muestra de ello es que el penal Punta Peuco seguirá albergando, con todas las comodidades y garantías, a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad.

Corría agosto de 2015 y tras una reunión con la mandataria, Carmen Gloria Quintana, víctima en el Caso Quemados -donde una patrulla militar la incineró juntó a Rodrigo Rojas de Negri-, señaló que Michelle Bachelet se habría comprometido a cerrar Punta Peuco. Dos años más tarde, dicho recinto sigue su funcionamiento normal y a solo días del término de su segundo gobierno, Bachelet, lisa y llanamente ignoró dicho anuncio, haciendo oídos sordos a un profundo llamado en contra de la impunidad.

Sobre este desentendimiento por parte de Bachelet y todo su gobierno con los Derechos Humanos transgredidos en la dictadura pinochetista, Rodrigo Muñoz, Presidente de la Corporación de Socorros Mutuos Bautista Van Schouwen Basey, junto a la que ha impulsado la creación del Sitio de Memoria El Morro de Talcahuano, comentó que “para nosotros esto resulta nefasto, no porque haya o no cumplido un compromiso, eso da lo mismo porque, para los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, jamás ha sido habitual cumplir estos compromisos, sea en campaña o situaciones específicas. Lo lamentable es que la clase política chilena sigue siendo cómplice del encumbramiento y la protección a los criminales. Les brinda privilegios a criminales de lesa humanidad, que han atentado contra los derechos humanos. Hoy se siembra otro antecedente nefasto por parte de la Concertación, como en su momento lo fueron las mesas de dialogo de Ricardo Lagos o la justicia en la medida de lo posible por parte de Aylwin”.

El demócrata cristiano Eduardo Frei construyó durante su gobierno, en el año 1995, el penal Punta Peuco debido a que necesitaba un lugar en donde recluir a Manuel Contreras, asesino condenado a 579 años de presidio. Es decir, le hizo una cárcel al Mamo Contreras. El 14 de julio de 1995 y con la firma de la entonces Ministra de Justicia, Soledad Alvear se abría el Punta Peuco, “condominio” para criminales de lesa humanidad que albergó y alberga a criminales como; Miguel Krassnoff, Manuel Contreras, Álvaro Corbalán, Pedro Espinoza, entre otros.

Con respecto a la continuidad de este centro penitenciario creado para militares y agentes del Estado, Muñoz expresa que “esto significa un retroceso en materia de reparación moral y social a las víctimas, en particular en materia de derechos humanos. Además es un retroceso en cuanto a imponer criterios de igualdad ante la ley, hay un retroceso tremendo en materia de justicia.

Además, el representante del sitio de memoria El Morro de Talcahuano agregó queaquí los gobiernos y la clase política chilena ignoran deliberadamente y premeditadamente los acuerdos internacionales que Chile ha suscrito en materia de derechos humanos. Queda claro que los políticos de la concertación son los empleados o los comprados, puesto que se han vendido a tipos tan detestables como Julio Ponce Lerou, es decir; el yerno de Pinochet les ha financiado las campañas a estos tipos. Se siguen tejiendo redes en pos de una impunidad y privilegios a un mayores para estos tipos”.

Sin duda, la existencia del penal Punta Peuco sienta un precedente en cuanto a la incompetencia política por parte de los gobiernos de La Concertación, hoy Nueva mayoría, en avanzar efectivamente en materia de Derechos Humanos. Sobre el esta relación Rodrigo Muñoz comenta que los privilegios a estos criminales no son una casualidad y que forman parte de una política de estado de la “justicia en la medida de lo posible”, política “que nunca llega a nada” porque la medida de lo posible está condicionada por la corrupción de la que han sido participes los políticos de la Concertación. “Ellos se han vendido al mejor postor del mundo pro dictadura. La lentitud de la justicia y de los tribunales no es una casualidad, es concebida para que los tipos se mueran en impunidad, esa es la regla de oro, así murió Pinochet”. afirma

Está claro que con simbolizar la memoria y la justicia que debe existir -hacia los derechos humanos transgredidos en dictadura-, no basta. El movimiento social y las familias de las y los detenidos desaparecidos exigen sanciones y reparaciones efectivas.ellos dilatan y enfrían estas causas, no resuelven nada y en muchos casos, los jueces o ministros que vienen a resolver las causas por violación a los DDHH, dictan condenas irrisorias. Los tipos se van con penas remitidas, penas simbólicas y nadie cumple condena por los delitos que cometieron. El significado que tienen los convenios internacionales, en esta materia -de que los delitos de lesa humanidad no prescriben ni son admisibles- en Chile lo bypasean.”

De esta manera, se cierra otro paupérrimo periodo presidencial de Michelle Bachelet, la socialista que no cerró Punta Peuco teniendo la potestad -como primera mandataria- de hacerlo, sin la necesidad de contar con la aprobación ni del poder judicial ni del parlamento. Por otro lado, el próximo Ministro de Justicia del gobierno de Sebastián Piñera, el UDI Hernán Larraín señalo que pensar en el cierre de Punta Peuco es “ciencia ficción”.

Por lo pronto y tomando él cuenta el perfil fascista conservador de Larraín, algún cambio mayor no habrá en cuanto al trato para los criminales de lesa humanidad. “Aquí solo han hecho parodias de juicios, la Corte Interamericana de Justicia en el año 2006, obliga al Estado Chile a dejar de aplicar la ley de amnistía a estos criminales, recién desde 2006. Después, en 2016, la misma corte la que obliga a anular juicios irrisorios en contra de criminales de lesa humanidad; pero esta ha sido siempre la actitud de la Concertación y obviamente no va a cambiar el sentido con el gobierno de Piñera”, sentencia Muñoz.

 

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